jueves, abril 15, 2010

Todo atado y bien atado

Cursiva

A un decrépito Franco se le atribuye la frase “lo dejo todo atado y bien atado”. En las últimas semanas asistimos a una verdadera tormenta en torno al posible procesamiento del juez Garzón por su intento de llevar a los Tribunales los crímenes cometidos por la dictadura franquista.

Es cierto que los diversos movimientos de recuperación de la memoria histórica vienen desde hace algunos años, con más empeño militante que apoyo institucional, tratando de recuperar la memoria y los cadáveres de todas aquellas personas que fueron vilmente asesinadas por el franquismo durante la Guerra Civil y aún durante la posguerra. Época en la que Franco acostumbraba a firmar sentencias de muerte mientras tomaba chocolate en su palacio de El Pardo.

El final temporal de la Dictadura se basó en una Ley de Amnistía (1977) que sirvió para construir el argumento jurídico sobre el que reposa todo el proceso histórico conocido como Transición. Lo cierto es que la Ley de Amnistía está a la altura moral de otros engendros jurídicos internacionales como las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida con las que el Estado argentino trató de pasar página sobre la dictadura de la Junta Militar. Sí no cuesta entender que esas leyes eran injustas en Argentina (u otros países del cono sur americano) porque nadie se ha atrevido en más de 30 años de democracia a poner en cuestión los crímenes que la Dictadura franquista cometió durante más de 40 años.

Hoy en día hay personas que consideran que el movimiento judicial contra el intento jurídico de Garzón de investigar los crímenes del franquismo no importa si se lleva por delante al mediático juez de la Audiencia Nacional. No se trata aquí de defender a Garzón ni sus otras actividades judiciales de las que todos podemos tener una opinión definida. Quizás deberíamos darle la vuelta al argumento y pensar qué teclas ha osado tocar Garzón para que el más famoso y poderoso juez del país, (aquel de quien hasta hace poco se decía en todos los medios que había rendido impagables servicios a la Democracia) se enfrente a la expulsión de la carrera judicial. No será que los herederos ideológicos e incluso biológicos del franquismo continúan teniendo demasiado poder en este país.

Y por si esto fuera poco quedan dos argumentos de peso que no debiéramos olvidar. El ataque frontal contra el intento de investigar los crímenes del franquismo viene propiciado por organizaciones ultraderechistas que han acaparado el interés mediático que no habían encontrado hasta ahora (Falange, Manos Limpias), pero no habrían tenido ningún éxito si no hubieran encontrado apoyo en los sectores cada vez más derechizados de la magistratura española. Hoy se pone en cuestión el intento de investigar un genocidio histórico como son las víctimas de la Guerra Civil española. Pero que ocurrirá cuando se trate de interpretar derechos sociales o laborales. ¿Nos dará entonces igual que se lleven por delante a otro juez mediático? ¿Quién terminará pagando las consecuencias?

El último argumento y quizás el más sensible porque hablamos en términos de justicia histórica es denunciar la negativa sistemática por parte el Estado español a investigar y condenar los crímenes del franquismo incluso en sus aspectos más sangrantes. ¿Es o no injusto que el Estado se niegue a reconocer la inocencia de personas como Granado y Delgado, ajusticiados a garrote vil por un crimen que no cometieron? ¿Y que se niegue en pleno S. XXI a reconocer su inocencia bajo el argumento de que fueron juzgados por un tribunal legal (instaurado por una dictadura), pese a que quienes en realidad cometieron el acto de que se les acusó hayan comparecido ante la Justicia para evidenciar la injusticia cometida? ¿Es justo o injusto que se niegue a restaurar la memoria de personas como Lluís Companys, o de Joan Peiró entregado este último por las tropas nazis a Franco desde su exilio francés y quien fue fusilado tras negarse a colaborar con los sindicatos verticales del franquismo? Ejemplos significativos existen por decenas, pero qué decir de los cientos de miles de cadáveres que abonan las tierras de toda la Península sin que sus familiares hayan podido recuperar sus cuerpos durante décadas y hayan vivido toda su vida con ese dolor en el pecho. ¿Permitiremos que sus restos y su memoria continúen enterrados?

¿Se atreverá alguna vez otro juez a plantear esta situación ante la Justicia viendo lo que le ha ocurrido a quien era el juez más poderoso del país? Quizás estas sean las verdaderas preguntas a las que debiéramos dar respuesta y sobre las que debiéramos reflexionar.